En 2023, se denunció al director del colegio Inca Garcilaso de la Vega, Humberto Suárez Ríos, por presuntas políticas de privatización al concesionar el campo deportivo, la piscina, el teatrín y otros espacios para alquiler, generando ingresos superiores a 400 mil soles. Según informes, estos fondos se habrían manejado sin transparencia ni rendición de cuentas clara. Además, se señala que los costos de agua y electricidad de estos espacios fueron cubiertos con recursos públicos, una práctica ilegal.
Javier Cusimayta, secretario del sindicato de docentes, expresó su preocupación porque, a pesar de más de un año de denuncias presentadas ante la UGEL Cusco y al menos siete acusaciones por posibles irregularidades, no se ha sancionado al director. Por el contrario, Suárez Ríos permanece en su cargo e incluso habría implementado una “gestión de terror”, denunciando a docentes que exigen claridad en las cuentas. La UGEL Cusco, a cargo de Fredy Quiñonez, aún no emite un pronunciamiento, aunque la comisión de sanciones está finalizando un informe sobre el caso. Sin embargo, la situación se complicó tras la decisión del Ministerio de Educación de extender por un año la gestión de directores, incluyendo a Suárez Ríos, quien fue desaprobado en evaluaciones previas junto al 60 % de los directores de la UGEL. Este retraso en las sanciones genera sospechas de un posible estancamiento deliberado, alimentando la percepción de que la justicia en este caso es lenta e ineficaz.
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